Por Juan Lanzagorta Vallín
Después del fallido intento de construir el modelo de Villa panamericana del gobierno municipal de Guadalajara en el Parque Morelos, vale la pena reflexionar al respecto, pues sin reflexión —lo sabemos— no existe aprendizaje.
De practicar nuestras autoridades este buen hábito, sin duda un destino diferente y más favorable le depararía a la metrópoli (Guadalajara ya no está sola), pues los hombres del poder aprovecharían la riqueza que constituye la memoria colectiva de sus gobernados para profundizar y ser más acertados en la toma de decisiones, en el uso eficiente de los recursos públicos y para demostrar con acciones contundentes el propósito indeclinable de servir al Bien común que debe conducir las intenciones y acciones de todo servidor público.
En el caso de la Villa Panamericana, es evidente que los responsables de la política y la planeación urbana municipal, fueron rebasados por su personal convicción sobre aquello que le conviene y debe hacerse en la ciudad. Así, no fueron capaces de escuchar e incluir con responsabilidad en la toma de decisiones, a las cuantiosas voces de la sociedad civil organizada y de los especialistas en materia urbana que alzaron su voz con toda oportunidad y fundamentos en contra del sitio escogido para edificar el magno proyecto, muchas de las cuales hoy pudieran ser calificadas de «proféticas».
Pero no es este el momento de celebrar una victoria pírrica sino de reflexionar sobre el fracaso del proyecto y el uso poco transparente del poder que acostumbramos practicar en nuestro medio que tiene a Guadalajara sumida en proyectos a medias o frustrados desde hace décadas. Prueba de ello son: la respuesta pública del señor Mario Vázquez Raña a un infundado reclamo, lo que desveló el acuerdo municipal original de construir el proyecto en el “El disparate”, un predio ubicado en una reserva ecológica al filo de la barranca de Oblatos, ignorado por la sociedad hasta esos momentos; y el deslinde de los académicos del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO con respecto de su participación en la selección de la antigua Alameda tapatía como el predio idóneo para llevar a cabo el proyecto, al reconocer estos haber participado sólo en la elaboración de una metodología que pretendía ayudar a definir el sitio ideal para la construcción del complejo habitacional, y la tardía renuncia del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco al Consejo Consultivo para la gestión de la Villa Panamericana proyecto Alameda, así como al comité técnico de evaluación que coordina la CMIC, por no querer: “que se nos considere cómplices del crimen urbano que se viene gestando y está por consolidarse con el inicio de las obras, a pesar de las propuestas y observaciones vertidas por varios de los participantes en las mesas de trabajo y que finalmente se declare que el proyecto fue consensado(sic) y avalado por los organismos e instituciones que integran las mesas de trabajo”.
Todo esto refleja el manejo poco pulcro que caracterizó al proceso que traicionó la buena fe del alcalde tapatío, con un propósito cuestionable: imponer una visión de ciudad que privilegia el objeto arquitectónico por sobre los aspectos históricos, socioculturales, contextuales y de mercado, bajo el dudoso supuesto de que esta clase de arquitectura es factor decisivo para el desarrollo económico de las ciudades; visión que, aunque legítima, no fue siquiera medianamente consensuada con los ciudadanos.
De esta forma surgieron más de una docena de diseños de edificios de autor aislados, protagónicos y costosos, en un sitio donde el sentir de los ciudadanos era otro distinto y la demanda habitacional se encuentra muy por debajo de las posibilidades económicas de los potenciales compradores, lo que acabó por llevar al fracaso la ocurrencia original, y dar vida a una propuesta racional, opuesta y contradictoria, penosa y cínicamente presentada, ya que niega en forma contundente los conceptos arquitectónicos y urbanos originales que con tanto ahínco defendieron las autoridades hasta esos momentos, lo que cuestiona la capacidad y ética de algunos funcionarios.
Con el caso Vázquez Raña, quedó al descubierto la razón fundamental por la que las autoridades se empecinaron contra toda lógica, a llevar a cabo el proyecto en prácticamente el corazón de la ciudad, en una zona cuyas características patrimoniales, de infraestructura y servicios urbanos, recomendaban justo lo contrario; en especial, debido al corto tiempo que se tenía para construir los edificios: me refiero a la existencia de un ambicioso proyecto urbano, que incluye además al museo Guggenheim y la llamada Puerta Guadalajara, que ha sido impulsado por las autoridades mediante el obsequio de los bienes y recursos públicos a grupos inmobiliarios y fundaciones de marca extranjeros. Con los últimos dos casos, se repite, una vez más, la utilización de las universidades y los organismos colegiados por parte de los gobiernos, para convalidar la toma de decisiones en casos polémicos o cuestionables y confundir a la sociedad.
